Para la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) es ya la tercera organización criminal más peligrosa en el mundo, con un alcance que las autoridades estadunidenses ubican sólo por detrás de la mafia rusa y las llamadas tríadas chinas (nombre genérico con que se designa a organizaciones criminales asentadas en ese país o controladas por personas de origen chino). De acuerdo con funcionarios del gabinete de seguridad, durante su visita a México los pasados 29 y 30 de septiembre, el encargado interino de la DEA habría manifestado que diversos países tienen interés en la captura de Nemesio Oseguera, líder del cártel que en apenas 10 años ha pasado de operar en cuatro estados mexicanos a tener presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.
El espectacular crecimiento de este grupo criminal se debe a una combinación de factores, entre los que destacan el debilitamiento de otros cárteles, en particular el de Sinaloa, por la captura de sus líderes o por luchas intra e interorganizacionales; una estrategia de posicionamiento de tipo franquicia, con el cual vende su nombre, contactos y conocimientos a grupos delictivos locales, y un férreo control jerárquico y logístico de sus propias operaciones. Por lo anterior, y un uso indiscriminado de la violencia, el CJNG ha logrado afincarse en 29 de 32 entidades del territorio nacional y hacerse con el control no sólo del tráfico de drogas, sino también de otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Más allá de los métodos que las autoridades estadunidenses usen para evaluar la peligrosidad de uno u otro grupo delictivo, lo cierto es que la extensión actual del cártel con sede en Guadalajara representa una nueva y preocupante fase en la trasnacionalización de las organizaciones criminales, con insoslayables consecuencias en su capacidad para desafiar al Estado y sustraer de su control porciones significativas del territorio. No puede olvidarse que el CJNG ha dado señales de voluntad desafiante con actos como el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea, 39 bloqueos carreteros, quemas de comercios y vehículos en 25 municipios de Jalisco el 1 de mayo de 2015 y el reciente atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, Omar García Harfuch.
Ante lo expuesto, cabe hacer dos consideraciones finales. Primero, que una empresa criminal con operaciones en cuatro continentes hace poco menos que imposible el éxito de cualquier estrategia de contención limitada al ámbito nacional. Por ello, un punto de partida sensato para atajar la amenaza de éste o cualquier otro cártel pasa por una verdadera cooperación internacional, sin menoscabo de ninguna soberanía, por el pleno reconocimiento de Washington acerca del papel de su sociedad como el mayor cliente del narcotráfico global, y por el diseño de un plan consecuente con esa realidad. En segunda instancia, está claro que lo policíaco y lo judicial no pueden agotar el impacto de una estructura criminal de esta envergadura sobre la sociedad, por lo que se vuelve urgente una reflexión colectiva acerca de la degradación del tejido social que sirve de fermento a estos fenómenos, al mismo tiempo que es magnificada por ellos.
